¡Denuncia penal contra ex funcionarios de Ixtlán!

2010 / 02 / 26

Ixtlán del Río; feb. 25.- (Francisco Javier Nieves Aguilar).- Un escándalo de muchos megatones es el que ha surgido a raíz de una denuncia penal contra el ex presidente municipal Everardo Sánchez Parra y algunos de sus colaboradores en el Trigésimo Séptimo Ayuntamiento, como Gerardo Morales Cruz, Ramón Murillo Cruz y Jesús Enrique Hernández Altamirano, ex tesorero, ex síndico y ex director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlán del Río –OOMAPASI–, respectivamente.

A las citadas personas se les acusa por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, derivado por la presunta sustracción o desviación de unos recursos económicos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó al pasado Ayuntamiento en el año 2006 para la reparación de un cargador sobre orugas, mismo que serviría para construir la represa “Las Tinajas” o “El Tambor” localizada al sur de esta ciudad.

Resulta que la CFE celebró un convenio el 28 de abril de 2006 en el que la paraestatal se comprometía a apoyar con la cantidad de 500 mil pesos al Ayuntamiento de Ixtlán, cantidad que recibieron en la Tesorería de la comuna el seis de septiembre de ese mismo año, tal como se desprende de la copia de un recibo que obra en nuestro poder, y que aquí mismo publicamos.

Así las cosas, a las diez y media de la mañana de ayer, Patricia Tozcano Gómez, en su carácter de síndico municipal del Trigésimo Octavo Ayuntamiento, presenta la denuncia penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, ya que la actual administración, presidida por Héctor Javier Sánchez Fletes, alega la desaparición de los 500 mil pesos. Más aún, como consecuencia de ese faltante, el Ayuntamiento actual enfrenta una demanda ejecutiva mercantil interpuesta por “Tracsa, S.A. de C.V.”, compañía que hizo la reparación de la máquina cargadora de orugas y cuyas facturas no le fueron liquidadas.

De esta manera, las rencillas y fricciones que existen entre los funcionarios del anterior gobierno municipal y el que en estos momentos preside Sánchez Fletes podrían agudizarse aún más, con este caso que bien pudiera llamarse el “orugate” de Ixtlán.

Y es que por una parte la empresa “Tracsa” tiene demandados al Ayuntamiento en el Juzgado Quinto de lo Mercantil en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por otra, el Ayuntamiento acaba de poner la denuncia penal ante el Ministerio Público de esta municipalidad, y que pudiera llevar a la cárcel al doctor “Lalo”, a “Pilatos”, a “Quique” y a Ramón Murillo; o en su caso, enfrentar el proceso penal otorgando una fianza que les permita andar en libertad.

Lo extraño de este asunto es que en la denuncia penal, la síndico municipal y el licenciado Gerardo Romero García, director jurídico del Ayuntamiento, sostienen haberse enterado de este convenio entre la CFE y el gobierno que les precedió apenas hace un mes, es decir, a mediados de enero.

Según ellos, la CFE citó a personal del OOMAPASI para ver el problema del suministro de agua que tienen las comunidades de La Playa y El Limón; fue entonces “cuando nos enteramos de la existencia del citado convenio”, señalan en su denuncia.

Peras o manzanas, el actual Ayuntamiento fue notificado de la demanda mercantil ejecutiva, y fue embargado el 19 de noviembre de 2008, lo que supone que debieron indagar el paradero de esos 500 mil pesos desde entonces.w